La Justicia de Guatemala ordenó este lunes la captura internacional de Luz Adriana Camargo Garzón, actual fiscal general de Colombia, y de Iván Velásquez Gómez, embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa. Ambos fueron señalados por el Ministerio Público guatemalteco de presunta participación en actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
Según la fiscalía guatemalteca, las órdenes de captura se emitieron por supuestos delitos cometidos durante las investigaciones que lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que Velásquez se desempeñó como comisionado entre 2013 y 2019. Camargo, por su parte, integró un equipo de trabajo de esa comisión junto con fiscales guatemaltecos del Ministerio Público.
En un comunicado, el Ministerio Público de Guatemala señaló a los exfuncionarios por supuestas irregularidades en la forma como fue negociada la delación de Odebrecht en ese país. No obstante, el documento oficial no detalla en qué consistieron esas presuntas conductas ilícitas.
Velásquez respondió a la acusación en su cuenta de X (antes Twitter):
«Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio.»
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, han sido incluidos desde 2021 en la «Lista Engel» del Departamento de Estado de EE. UU., que identifica actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. La Unión Europea replicó sanciones similares en 2024.
Desde su creación en 2006, la CICIG operó con apoyo internacional hasta su cierre en 2019, cuando fue desmantelada por el entonces presidente Jimmy Morales, tras abrir investigaciones en su contra. La persecución judicial contra exfuncionarios y jueces vinculados a la CICIG ha provocado más de 40 exilios en los últimos cinco años, según organizaciones de derechos humanos.
