Del Cuarto Poder a la baratija: ¿Quién compra y quién vende el periodismo colombiano?

por | Nov 18, 2026 | Antioquia, ClickCracia, Colombia, Medellín, Última Hora, Últimas Noticias

ubo un tiempo en que al periodismo se le reconocía, con razón o sin ella, como el cuarto poder de la democracia. Su capacidad para investigar, revelar hechos de interés público, cuestionar a los gobernantes y poner en evidencia los abusos de quienes ejercían autoridad, le otorgaba una influencia que iba mucho más allá de la difusión de noticias.

No era un poder consagrado en la Constitución ni una rama formal del Estado. Era, fundamentalmente, una autoridad moral construida sobre la credibilidad, la independencia, el rigor y la confianza de los ciudadanos.

Pero algo ha venido ocurriendo con el periodismo colombiano. Su capacidad de ejercer como contrapoder se ha debilitado en medio de intereses particulares, políticos y económicos. En algunos escenarios, la independencia editorial parece haberse convertido en un lujo; la crítica, en una provocación; y la cercanía con los gobernantes, en una oportunidad que algunos prefieren no desaprovechar.

El periodismo pasó de cuarto poder a “baratija” que se compra y se vende. Ésta es una afirmación fuerte y deliberadamente incómoda, pero no pretende descalificar a todos los periodistas ni desconocer el trabajo de quienes siguen defendiendo el oficio con dignidad. Pretende, sí, llamar la atención sobre una realidad que merece una discusión pública mucho más profunda.

La enfermedad no comenzó hoy

Sería equivocado atribuirle al gobierno de Abelardo de la Espriella el origen de esta crisis. La relación problemática entre el poder político y los medios de comunicación viene de mucho antes.

En Colombia hemos conocido gobiernos de distintas tendencias que han procurado mantener relaciones privilegiadas con determinados medios, periodistas y comunicadores. También hemos visto cómo la pauta publicitaria oficial, los contratos de comunicación institucional, las relaciones personales con funcionarios y los intereses empresariales, pueden terminar convirtiéndose en factores de presión sobre la independencia editorial.

A ello se suman la concentración de la propiedad de los medios, la precarización laboral, los bajos ingresos de muchos periodistas, los despidos y la transformación del negocio de la información. Una combinación que hace cada vez más difícil sostener redacciones independientes y equipos periodísticos capaces de investigar sin depender de la voluntad de quienes tienen intereses en los asuntos investigados.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, en su balance del año 2025, documentó 469 agresiones contra 305 periodistas. Su encuesta nacional de libertad de expresión encontró, además, que el 62% de los periodistas consultados había considerado autocensurarse, abandonar temas o dejar la profesión por el agotamiento asociado a sus condiciones de trabajo.

No estamos, entonces, ante una dificultad exclusivamente política. Es una crisis estructural que compromete la sostenibilidad económica, la seguridad, la autonomía y la credibilidad del periodismo.

El poder y su relación con la prensa

Sin embargo, el actual Gobierno ha añadido elementos que merecen especial atención.

La relación del presidente Abelardo de la Espriella con los medios y los periodistas ha generado preocupaciones que no pueden despacharse como simples diferencias de opinión. La FLIP, en su balance de los primeros cien días de Gobierno, publicado el 15 de noviembre de 2026, identificó cinco asuntos preocupantes: el acoso judicial, las restricciones al acceso a la información, las decisiones sobre los medios públicos, la falta de garantías para el ejercicio periodístico y la necesidad de proteger a quienes trabajan en la prensa.

Entre los hechos señalados por la Organización están la centralización de las comunicaciones oficiales mediante la Directiva Presidencial 01, las dificultades de acceso de algunos periodistas a fuentes institucionales y las denuncias sobre diferencias de trato entre medios considerados cercanos y aquellos que cuestionan al Gobierno.

También merece atención la discusión sobre la pauta oficial. El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, publicó un mensaje en el que afirmó que el mandatario había ordenado retirar publicidad a medios, según su cubrimiento. La FLIP y otras organizaciones expresaron preocupación por lo que podría constituir una forma de censura indirecta. Se trata de una denuncia que exige explicaciones y criterios transparentes, no de una conclusión judicial sobre los hechos.

La publicidad oficial se financia con recursos públicos. Por tanto, no puede utilizarse como premio para los medios complacientes y como castigo para los críticos. Su asignación debe obedecer a criterios objetivos, transparentes y verificables.

Tampoco es admisible que el acceso a la información pública dependa de la simpatía del periodista con el gobernante de turno. El funcionario administra recursos y ejerce autoridad en nombre de los ciudadanos. No es propietario de la información pública ni puede convertir las entrevistas y las declaraciones institucionales en concesiones personales.

Hay una diferencia fundamental entre cuestionar el trabajo de un medio y deslegitimar sistemáticamente el ejercicio periodístico. Los gobernantes tienen pleno derecho a controvertir informaciones, exigir rectificaciones cuando corresponda y defender su gestión. Pero también tienen la obligación democrática de tolerar la crítica, incluso cuando sea incómoda, severa o desfavorable.

La responsabilidad también está dentro de las salas de redacción

Ahora, no es justo señalar únicamente a los gobernantes.

La crisis también compromete a quienes ejercen el periodismo y a quienes dirigen empresas de comunicación. No todos los silencios son impuestos desde el poder. Algunos se originan en decisiones editoriales, intereses comerciales, compromisos personales o conveniencias políticas.

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Hay periodistas que han confundido la amistad con el acceso a la fuente, la cercanía con el privilegio y la opinión con la información. Otros han terminado convertidos en defensores incondicionales de dirigentes y proyectos políticos, mientras descalifican cualquier cuestionamiento que provenga de quienes piensan diferente.

También existe el riesgo de que los medios se conviertan en plataformas de propaganda, tribunas de confrontación o instrumentos para promover intereses particulares.

La responsabilidad profesional exige que el periodista no puede convertirse en vocero del gobernante, pero tampoco en militante que sacrifica la verificación de los hechos para defender sus propias preferencias ideológicas.

La independencia no consiste en estar siempre en contra del poder. Consiste en conservar la libertad de investigarlo, cuestionarlo, reconocer sus aciertos y señalar sus errores, sin que ninguna conveniencia determine lo que se informa o se calla.

Recuperar la dignidad del oficio

El periodismo no necesita recuperar un supuesto poder para someter a los demás poderes. Necesita recuperar la autoridad moral que le permite ejercer su función social. Y esa autoridad no se consigue con micrófonos, cámaras, titulares estridentes, seguidores en redes sociales ni invitaciones a los despachos oficiales. Se construye con hechos comprobados, fuentes contrastadas, contexto, responsabilidad, independencia y respeto por la dignidad humana.

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La verdad no puede ponerse al servicio de una ideología. La libertad de prensa no puede depender de la generosidad de un gobernante. La credibilidad no puede negociarse a cambio de contratos, publicidad o reconocimiento institucional.

El periodismo tiene que volver a entenderse como un servicio a los demás. Un ejercicio que exige humildad para reconocer los errores, humanidad para comprender las consecuencias de lo que se informa y rigor para no confundir los presentimientos, las sospechas o las afinidades personales con las certezas que ofrecen los hechos y los datos objetivos.

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No todos los periodistas se han arrodillado. No todos los medios han renunciado a su independencia. En Colombia siguen existiendo periodistas y equipos de investigación que, aun en condiciones difíciles, defienden el interés general y asumen los riesgos de incomodar a quienes ejercen el poder. Precisamente, por ellos y por el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, vale la pena insistir.

El problema no es que el poder quiera influir sobre el periodismo. Esa tentación ha acompañado históricamente a quienes gobiernan. El problema comienza cuando el periodismo acepta esa influencia, renuncia a su autonomía y termina justificando aquello que debería examinar críticamente.

Una democracia sin periodismo independiente pierde uno de sus mecanismos fundamentales de vigilancia. Y un periodismo que se arrodilla ante el poder pierde mucho más que su prestigio: pierde su razón de existir.

La pregunta, entonces, no es solamente ¿cuánto está dispuesto a pagar el poder por la complacencia de algunos medios? También es ¿cuánto están dispuestos a sacrificar quienes ejercen el periodismo para conservar su independencia?Porque el cuarto poder no debería estar en venta. Y si alguien pretende convertirlo en baratija, la primera responsabilidad de quienes amamos este oficio es negarnos a ponerle precio.