El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un fallo de primera instancia con aplicación inmediata dictado por la jueza Sandra Heredia, del circuito judicial de Bogotá.
La decisión, considerada uno de los hitos judiciales más relevantes en la historia reciente del país, llega tras un proceso de más de un año en audiencias públicas. Según el fallo, Uribe intentó manipular testimonios de exparamilitares entre 2017 y 2018, mediante emisarios que ofrecieron beneficios judiciales a cambio de declaraciones a su favor.
La jueza Heredia impuso una sanción superior a la solicitada por la Fiscalía, que había pedido 9 años. Justificó la orden de cumplimiento inmediato por el riesgo de fuga y el impacto social del caso, y ordenó que Uribe continúe su condena en su finca ubicada en Rionegro, Antioquia.
“Dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional y la existencia de estrategias dilatorias previas, resulta necesaria la restricción inmediata de su libertad”, sostuvo Heredia durante la lectura de sentencia.
El fallo también respalda como pruebas válidas los audios obtenidos por Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar condenado, en los que se evidencian ofrecimientos de beneficios hechos por el abogado de Uribe, Diego Cadena. La jueza consideró probada una relación de subordinación entre el expresidente y su abogado, así como una estrategia sistemática para interferir en el proceso judicial.
Frente al complejo judicial de Paloquemao, se presentaron choques entre manifestantes que apoyan y rechazan la decisión. La imagen del expresidente condenado marca un impacto inmediato en el panorama político nacional, a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, afronta ahora el proceso electoral sin su máximo líder activo en campaña. Su precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permanece en recuperación tras un atentado sufrido en junio. Algunos sectores del partido han comenzado a plantear la tesis de una persecución judicial o lawfare, señalando motivaciones políticas en el proceso.
La defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre. En caso de que se confirme la condena, el proceso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, la misma instancia donde se inició el caso en 2018.
Ese año, Uribe había denunciado al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte cerró el caso contra Cepeda y abrió investigación contra Uribe, concluyendo que fue este quien intentó manipular el proceso. En un giro estratégico, Uribe renunció a su fuero de congresista, llevando el proceso a la justicia ordinaria.
La sentencia de Sandra Heredia recoge elementos investigativos acumulados desde entonces, validando interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios de testigos claves. Aunque se trata de un fallo en primera instancia, el pronunciamiento marca un antes y un después en la historia judicial y política de Colombia.
La última palabra sobre este caso aún no ha sido dicha. Pero, por ahora, Álvaro Uribe Vélez deberá cumplir una condena efectiva en su residencia, mientras su defensa prepara los argumentos para continuar el litigio en instancias superiores.
