Un grupo de internos de origen venezolano en la cárcel La Picota, en Bogotá, encaró al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, para manifestar su rechazo a una posible extradición a Venezuela, argumentando falta de garantías judiciales y procesales en su país de origen. Los privados de la libertad expresaron su posición durante un encuentro con la autoridad dentro del centro penitenciario.
Los reclusos sostuvieron que los avales de extradición firmados recientemente implican para ellos una condena sin las debidas garantías, por lo que pidieron que no se concrete el traslado a Venezuela, donde aseguran que enfrentarían un sistema judicial sin garantías.
Las declaraciones se dieron en medio de un contexto en el que algunos presos extranjeros en Colombia han mostrado inquietud frente a procesos de traslado judicial a sus países. Los internos venezolanos señalaron que prefieren permanecer en el penal colombiano bajo las condiciones actuales, aunque enfrentan solicitudes de extorsión internas, antes que ser deportados a Venezuela.
Autoridades del Ministerio de Justicia escucharon las quejas y recogieron los planteamientos de los reclusos, sin que hasta el momento se haya anunciado una decisión definitiva sobre la ejecución de las extradiciones solicitadas o los pasos adicionales en los procesos judiciales de los internos.
La situación abre un debate sobre el tratamiento de presos extranjeros en el sistema carcelario colombiano, las condiciones de sus procesos legales y las implicaciones internacionales de las solicitudes de retorno a países con sistemas judiciales cuestionados por falta de garantías, según manifestaron los propios internos venezolanos a las autoridades presentes en La Picota.
