La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, lanzó una advertencia que sacudió el escenario político nacional: “La amenaza de la reelección no es un peligro, porque si Petro se puede reelegir, Uribe también”. Su declaración llega tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de proponer una “octava papeleta” en las elecciones de 2026, como mecanismo consultivo para evaluar la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El anuncio fue hecho días después de que el Gobierno derogara el decreto que buscaba convocar directamente una consulta popular tras la aprobación de la reforma laboral, votada en el Congreso el 20 de junio con 59 votos a favor y 16 en contra.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte debate jurídico y político. Expertos constitucionalistas como Gonzalo Ramírez Cleves han señalado que la iniciativa no tiene sustento legal, al pretender evadir el procedimiento establecido en el artículo 376 de la Constitución, que exige una ley aprobada por el Congreso y revisión por parte de la Corte Constitucional para convocar una Constituyente.
Incluso ya se presentó una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que el mecanismo violaría el principio de legalidad y el debido proceso.
La comparación de Valencia entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe apunta a un nudo central del debate: si se abre la posibilidad de reelección —aunque sea de manera indirecta—, el país podría entrar en un ciclo donde presidentes con amplio respaldo popular busquen perpetuarse o regresar al poder. La senadora plantea que permitir este camino para Petro implicaría abrirlo también para Uribe, quien impulsó en su momento la reelección inmediata en 2005.
Para el Gobierno, sin embargo, la papeleta consultiva no compromete los equilibrios institucionales ni implica una reelección anticipada. En su narrativa, se trata de escuchar al pueblo. Pero para sectores de oposición, se trata de una estrategia política con intención de desgastar al Congreso y presionar un nuevo contrato social.
