El ataque armado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido esta semana en el norte de Bogotá, ha suscitado un intenso debate jurídico sobre la responsabilidad penal de menores de edad en hechos de violencia grave. La autoría del atentado ha sido atribuida a un menor, lo que coloca el caso en el ámbito del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que el joven debe ser presentado de inmediato ante un juez especializado del sistema penal juvenil. «En este tipo de hechos, donde está en riesgo la vida de una figura pública y se emplea un arma de fuego, procede solicitar una medida de internamiento preventivo», afirmó.
El SRPA, vigente desde 2006, establece un enfoque pedagógico, diferencial y restaurativo, pero permite medidas privativas de la libertad en casos de especial gravedad. “El uso de armas, la intención homicida y el impacto social del hecho son factores que permiten al juez ordenar la internación del menor en un centro especializado”, explicó Bernate.
El jurista agregó que la medida debe ser proporcional y revisada periódicamente, pero no excluye una respuesta firme del Estado. “El sistema busca la resocialización, pero también debe enviar un mensaje claro frente a hechos de alta peligrosidad”, señaló.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar los móviles del atentado, la situación jurídica del menor será uno de los ejes centrales en la discusión sobre justicia penal juvenil en Colombia. El caso revive las tensiones entre el garantismo constitucional que protege a los menores infractores y la necesidad de responder eficazmente ante delitos que afectan la seguridad pública.
