En el proceso de concurso de méritos para la selección de jueces y magistrados se han identificado irregularidades éticas, jurídicas y económicas que podrían afectar la transparencia, la legitimidad del resultado y la confianza pública en la administración de justicia.
Abogados que participan en la convocatoria han denunciado falta de transparencia en la publicación de requisitos, inconsistencia en los criterios de evaluación y errores en la calificación de exámenes. En algunos casos, aspirantes que cumplieron los requisitos fueron excluidos por formalismos menores que no estaban claramente estipulados en los lineamientos del concurso.
En el concurso más reciente, varios aspirantes reportan que algunas preguntas del examen tenían errores de redacción, ambigüedad en la respuesta única esperada o correspondían a información no cubierta en la formación proporcionada. En otro caso, después de presentar el examen, se eliminaron preguntas, lo que modificó las condiciones de evaluación para todos los participantes.
Se ha señalado que entidades contratadas para impartir clases formativas o evaluar pruebas no cumplirían con experiencia comprobada para esas tareas. También se denuncia que la adjudicación de contratos de formación y evaluación fue realizada mediante licitaciones o métodos poco claros para los participantes.
Varias decisiones administrativas del concurso han sido impugnadas ante instancias judiciales. Un fallo de la Corte Suprema ordenó que personas excluidas por formalismos que no afectaban la sustancia del concurso puedan continuar en él. Se argumenta que la prevalencia del derecho sustancial frente al formalismo es necesaria para preservar el acceso al concurso en un Estado constitucional de derecho.
El concurso implicó inversiones de los aspirantes en preparación académica, desplazamientos, costos de inscripción y otros gastos relacionados con el cumplimiento de los requisitos. Cuando surgen errores en la evaluación o exclusiones tardías, esos costos se asumen sin garantía de reembolso. Además, recursos públicos fueron destinados a la organización del concurso, a las pruebas, confección de exámenes, correcciones y a las entidades formativas contratadas.
