La Central Unitaria de Trabajadores advierte que retirar la propuesta de aumentar el IVA a productos de la canasta familiar no resuelve las diferencias con el Gobierno. La jornada busca rechazar el ajuste fiscal, los cambios tributarios y las facultades para reestructurar entidades públicas.
Colombia se prepara para una jornada de movilización nacional este jueves 19 de noviembre, convocada por organizaciones sindicales, sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y sectores políticos de oposición, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico promovido por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La convocatoria tiene como principal propósito expresar el desacuerdo con las medidas tributarias y fiscales que, según los sindicatos, trasladarían una parte importante del costo del ajuste económico a los trabajadores, los hogares de ingresos medios y los sectores más vulnerables.
En entrevista con ClickCracia, Over Dorado, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que la decisión del Gobierno de reconsiderar el incremento del IVA para determinados productos de la canasta familiar no significa que hayan desaparecido las preocupaciones frente al contenido del proyecto.
Para el dirigente sindical, el debate va mucho más allá de los impuestos al consumo. Su principal cuestionamiento está relacionado con la reducción del Estado, la posible eliminación o fusión de entidades públicas, la venta de activos estratégicos y los recortes presupuestales que podrían afectar la inversión social.
La discusión va más allá del IVA
Dorado sostuvo que el Gobierno estaría desarrollando una estrategia de ajuste económico con tres componentes: rescate económico, reforma tributaria y reducción del gasto público.
De acuerdo con su interpretación, retirar o modificar el componente relacionado con el IVA no elimina las demás disposiciones que generan preocupación entre las organizaciones sindicales.
Uno de los puntos señalados durante la entrevista corresponde al artículo 7 del proyecto, que, según explicó, otorgaría facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para intervenir en la estructura de entidades públicas.
También cuestionó los artículos 11 al 14, por las disposiciones relacionadas con la enajenación de activos estatales, y el artículo 2, por las facultades asociadas al manejo y recorte del gasto público.
Entre los asuntos que generan mayor preocupación para la CUT están las posibles afectaciones a empresas estratégicas como Ecopetrol e ISA, consideradas fundamentales para la economía y la participación del Estado en sectores estratégicos.
La organización advierte que una eventual reestructuración institucional podría tener consecuencias sobre el empleo público, la prestación de servicios y la financiación de programas sociales.
¿Qué contiene la Ley de Rescate Económico?
La discusión tiene como punto de partida el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, radicado por el Ministerio de Hacienda el 29 de octubre. La iniciativa contiene 106 artículos y plantea medidas para estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, generar ingresos y promover la inversión.
La documentación técnica publicada por BDO Colombia permite identificar algunos de los cambios tributarios propuestos:
- Aportes a salud: para determinados trabajadores dependientes, la cotización pasaría progresivamente del 4 % hasta el 8 %, dependiendo de sus ingresos.
- IVA: se propone eliminar la tarifa del 5 % y trasladar determinados bienes y servicios actualmente excluidos o exentos a la tarifa del 19 %, con cambios previstos desde 2028.
- Impuesto de renta: se plantean modificaciones que incrementarían la carga tributaria de determinados contribuyentes de ingresos medios y altos.
- Empresas: se propone reducir la tarifa general del impuesto de renta corporativo del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.
Es importante precisar que estas disposiciones corresponden a una iniciativa legislativa en trámite, no a una ley vigente. Cámara de representantes+1
Según el comunicado de la CUT del 4 de noviembre, el 75,32 % del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, mientras el 24,68 % correspondería a reducciones del gasto estatal. La central sindical considera que esta distribución refleja una carga desproporcionada sobre los trabajadores y los hogares colombianos. CUT
La CUT prepara una movilización que podría escalar
Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista es que Over Dorado no presentó el 19 de noviembre como una jornada cuyo alcance esté definido de antemano.
El secretario general explicó que la duración y profundidad de un eventual paro dependerán de la participación ciudadana y de las decisiones que adopte el movimiento social y popular.
Según su planteamiento, la movilización será un punto de partida para acumular fuerzas y evaluar la posibilidad de acciones de mayor alcance durante el primer trimestre de 2027.
El dirigente diferenció tres escenarios:
- Movilizaciones sociales que no necesariamente implican detener actividades económicas.
- Paros de distintas duraciones, desde jornadas parciales hasta 24 o 48 horas.
- Un eventual paro nacional de mayor alcance que podría involucrar transporte, producción y otros sectores económicos.
La convocatoria oficial de la CUT contempla una jornada nacional con participación de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres y sectores políticos. La organización señala que más de 1.500 delegados participaron en el encuentro nacional que sirvió de base para coordinar esta convocatoria. CUT+1
Educación, salud y empleo público, en el centro del debate
Durante la conversación con ClickCracia, Dorado también expresó preocupación por las consecuencias que podrían tener los recortes presupuestales sobre la educación pública, la salud, el agro y la cultura.
En materia educativa, cuestionó que una eventual reducción de matrículas escolares se utilice como argumento para disminuir los recursos destinados al sector. En su opinión, una menor cantidad de estudiantes debería permitir mejorar las condiciones de aprendizaje, reducir el número de alumnos por aula y fortalecer la calidad educativa.
En salud, defendió una mayor participación del Estado en la administración y financiación del sistema, mientras que en materia laboral insistió en la necesidad de garantizar trabajo digno, formalización, protección social y fortalecimiento de los derechos sindicales.
También mencionó la preocupación por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la protección de los suelos rurales, las consultas previas y las políticas relacionadas con las comunidades campesinas y étnicas.
Estas posiciones forman parte de los argumentos de la CUT y deberán contrastarse con el articulado definitivo y las explicaciones del Gobierno.
El Gobierno defiende el ajuste fiscal
Desde el Ejecutivo, la posición es diferente. El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido la necesidad de adoptar medidas de austeridad para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas.
En su alocución del 15 de noviembre, el mandatario sostuvo que su administración busca un recorte permanente superior a los 23 billones de pesos y señaló que estudia alternativas para reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %.
El Gobierno también ha defendido la venta de activos improductivos de la Nación como parte de su estrategia de ajuste. presidencia.gov.co+1
El debate, por tanto, no se limita a la discusión sobre el IVA. También enfrenta dos posiciones sobre cómo equilibrar las cuentas públicas: el Ejecutivo defiende la austeridad, la reducción del gasto y nuevas fuentes de ingresos, mientras los sindicatos reclaman que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores ni comprometa los servicios públicos.
Garantías para la protesta social
Otro asunto abordado durante la entrevista fue la preocupación por la actuación de la Fuerza Pública durante las movilizaciones.
Dorado manifestó que existen temores frente a posibles episodios de confrontación y pidió garantías para el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.
La CUT espera que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y las organizaciones defensoras de derechos humanos acompañen las jornadas.
El dirigente también hizo un llamado a los organismos de seguridad para evitar provocaciones y garantizar que las manifestaciones puedan desarrollarse pacíficamente.
La discusión adquiere especial importancia porque la legitimidad de una jornada de protesta también depende de que se respeten los derechos de quienes participan y de quienes no lo hacen.
Análisis: una prueba política para el Gobierno y el movimiento sindical
El paro nacional del 19 de noviembre representa una prueba para dos actores: el Gobierno de Abelardo de la Espriella y las organizaciones sindicales que buscan consolidar una oposición social a su programa económico.
Para el Ejecutivo, el desafío consiste en demostrar que puede conseguir los recursos necesarios para estabilizar las finanzas públicas sin profundizar las tensiones sociales ni perder respaldo político en el Congreso.
Para la CUT y las organizaciones convocantes, el reto será demostrar capacidad de movilización, coordinación nacional y respaldo ciudadano más allá de sus bases sindicales tradicionales.
Un elemento determinante será el trámite legislativo. El proyecto todavía debe superar su discusión en el Congreso y puede sufrir modificaciones. De hecho, la falta de mayorías y las diferencias entre las bancadas representan obstáculos para el Gobierno. EL PAÍS América Colombia+1
La reconsideración de los cambios al IVA podría reducir uno de los motivos de rechazo, pero no necesariamente desactivar las demás controversias relacionadas con los aportes a salud, el impuesto de renta, la reorganización institucional y el gasto público.
La entrevista con Over Dorado deja un mensaje central: para la CUT, el 19 de noviembre no es necesariamente el final de una protesta contra una reforma económica, sino el comienzo de un proceso de movilización que podría extenderse hasta 2027.
El resultado de la jornada permitirá medir el nivel de respaldo social a la convocatoria y establecer si las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales pueden tramitarse mediante acuerdos políticos o si terminarán escalando hacia un escenario de mayor confrontación social.





