En un país donde ejercer lo público se ha convertido en una actividad de alto riesgo, el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay —ocurrido en medio de un acto político en Bogotá— ha encendido las alarmas sobre el deterioro del debate democrático y el clima de intolerancia que amenaza las bases de la convivencia.
Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que agrupa a 64 alcaldes y representa a más de 14 millones de ciudadanos, se ha emitido una declaración categórica: rechazo absoluto al atentado y un llamado urgente a repensar el rumbo de la sociedad colombiana.
El atentado, cuyas investigaciones apenas comienzan, ocurre en un contexto donde el ejercicio político parece cada vez más cercado por la polarización y la criminalización del pensamiento diferente. Y aunque aún no se conocen responsables, Asointermedias exige una investigación rigurosa y resultados concretos. La impunidad, advierten, sería un segundo atentado.
Pero más allá de la coyuntura, los alcaldes de las ciudades intermedias invitan a una reflexión más profunda. Su mensaje tiene un tono colectivo que pocas veces se ve entre actores políticos locales: es un llamado a reconstruir los vínculos sociales desde el respeto, la seguridad y la defensa irrestricta de la vida como valor supremo.
En Colombia, donde las regiones suelen ser invisibilizadas en el relato nacional, este pronunciamiento desde la voz unificada de las ciudades intermedias cobra una fuerza simbólica. Porque son precisamente estos territorios —muchas veces fuera del foco mediático— donde se vive, se trabaja y se vota con una mezcla de esperanza y hartazgo. Y desde allí, esta vez, se lanza una alerta que no debe pasar desapercibida.
“La política debe seguir siendo el camino para transformar realidades”, concluye Asointermedias. Lo contrario sería resignarse a que la violencia sea el precio por participar, y que el silencio gane donde el diálogo debería gobernar.
