El reciente atentado contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 6 de junio en Bogotá, ha sacudido el panorama político y reavivado un debate de vieja data en Colombia: el de las “fuerzas oscuras” que, desde las sombras, buscan manipular el escenario democrático con violencia.
El congresista resultó herido luego de un ataque sicarial cometido por un menor de edad quien le disparó cuando entregaba sus propuestas como precandidato a la presidencia a unas 400 personas invitadas por varios concejales de la capital del país. Aunque los responsables intelectuales aún no han sido identificados, el hecho ha generado múltiples reacciones en el espectro político, en medio de un clima de creciente polarización.
Un patrón histórico
El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, recordó en su cuenta de X (antes Twitter) las advertencias hechas hace cuatro décadas por el exprocurador Carlos Jiménez Gómez sobre la existencia de “fuerzas oscuras” que incitan al terror para justificar una guerra sucia. “Este atentado nos mueve a discutir sobre esas estructuras no visibles que incitan a la violencia con fines políticos. Lo urgente es una investigación con celeridad y rechazar el oportunismo político inmediatista”, escribió Arias.
Este señalamiento no es nuevo. Diversos analistas han advertido sobre cómo, en momentos de alta tensión política, ciertos sectores recurren al miedo como herramienta de control o manipulación. “En Colombia hay una historia documentada de atentados selectivos que desestabilizan el debate democrático y abren la puerta a narrativas de seguridad extrema”, señala la politóloga Claudia López Viana, profesora de la Universidad Nacional.
El contexto: violencia y elecciones
Colombia se acerca a una nueva jornada electoral en octubre de 2025. Según datos de la MOE (Misión de Observación Electoral), en lo que va del año ya se han registrado 52 hechos de violencia política, incluyendo amenazas, atentados y asesinatos. Esto representa un aumento del 30% con respecto al mismo periodo en 2023.
“El riesgo es que hechos como este sean instrumentalizados para legitimar discursos autoritarios o justificar medidas de seguridad que vulneren derechos civiles”, advierte el analista León Valencia, del centro de estudios Paz y Reconciliación.
La respuesta oficial
El presidente Gustavo Petro condenó el ataque y ordenó a la Fiscalía y a la Policía adelantar una investigación “sin sesgos ni cálculos políticos”. El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, aseguró que se han desplegado equipos de inteligencia para identificar a los responsables, aunque por ahora no se descartan móviles ni se atribuye el hecho a ningún grupo armado en particular.
En contraste, desde sectores de derecha como el Centro Democrático, se ha exigido al Gobierno que reconozca el deterioro en materia de seguridad. “Este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. El Gobierno debe asumir su responsabilidad”, afirmó la senadora Paloma Valencia.
¿Qué hay detrás?
El atentado se inscribe en una coyuntura compleja: negociaciones con grupos armados, incremento de la criminalidad en zonas urbanas, y una batalla mediática por el control del relato político. Para algunos sectores, este tipo de hechos buscan sembrar el caos para favorecer propuestas de “mano dura”; para otros, son producto de un debilitamiento del Estado ante estructuras criminales emergentes.
La ciudadanía, en tanto, reacciona con incertidumbre. “Estamos cansados de que la violencia sea siempre parte del discurso electoral. Hoy fue Miguel Uribe, mañana puede ser cualquier otro”, comenta Andrea Ríos, líder juvenil en Bogotá.
