La senadora Paola Holguín lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, al señalar que, en lugar de concentrarse en combatir el incremento de la violencia, los secuestros y los asesinatos de policías, dedica esfuerzos a obstaculizar proyectos de infraestructura clave para el desarrollo del país, como Puerto Antioquia.
La crítica se produce en medio de un contexto de creciente inseguridad. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en el marco del denominado “plan pistola” ejecutado por el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales, han sido asesinados 17 miembros de la fuerza pública en las últimas semanas. Al mismo tiempo, informes de la Defensoría del Pueblo revelan que los secuestros han aumentado un 32 % en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.
Históricamente, el país ya ha enfrentado campañas de violencia similares, como las que promovió el Cartel de Medellín en la década de los ochenta, cuando también se ofrecían pagos por asesinar policías. Hoy, el Clan del Golfo, con presencia consolidada en departamentos como Antioquia, Bolívar y Córdoba, ha replicado esquemas similares, ofreciendo entre tres y veinte millones de pesos por atentar contra miembros de la fuerza pública.
En paralelo, Puerto Antioquia, una obra de infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico, enfrenta trabas políticas y administrativas. El puerto promete generar más de 20.000 empleos directos e indirectos y fortalecer la conexión comercial del país con mercados internacionales. Sin embargo, las tensiones entre el Gobierno nacional y sectores privados amenazan con retrasar su apertura prevista para 2026.
Analistas advierten que, en un contexto donde la violencia criminal se expande y la reactivación económica es urgente, la parálisis de proyectos de infraestructura como Puerto Antioquia podría tener consecuencias negativas de largo plazo para la competitividad y la estabilidad del país.
La senadora Holguín reiteró su llamado a que el Gobierno priorice la protección de la vida de los colombianos y el fortalecimiento de la fuerza pública, en lugar de profundizar divisiones políticas que, advirtió, sólo debilitan al Estado frente al crimen organizado.
