El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales recluidos en la cárcel de Itagüí que participaron en una fiesta dentro del penal, hecho que generó rechazo y abrió investigaciones disciplinarias y penales.
La decisión se conoció este lunes 13 de abril, luego de que se hicieran públicas imágenes y denuncias sobre una celebración irregular en el centro penitenciario, donde incluso habría participado un cantante vallenato y se permitió el ingreso de personas y vehículos sin controles adecuados.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario, dejando claro que la medida busca cortar privilegios y modificar las condiciones de reclusión de estos internos.
Investigación por fallas en seguridad
El escándalo puso en evidencia posibles fallas en los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Según las denuncias, al menos 16 vehículos de alta gama ingresaron al penal sin requisas, mientras personas externas habrían facilitado el acceso al evento.
Ante estos hechos, la Procuraduría abrió una indagación preliminar y el INPEC relevó a directivos del centro carcelario, mientras siete funcionarios son investigados por su presunta responsabilidad.
Impacto en los diálogos de paz urbana
Los cabecillas involucrados en la fiesta hacen parte de los procesos de diálogo con el Gobierno Nacional en el marco de la política de “paz total”, lo que aumenta la gravedad del caso.
De hecho, tras conocerse el escándalo, el Ejecutivo suspendió temporalmente estas conversaciones mientras se esclarecen los hechos, en medio de cuestionamientos sobre los beneficios otorgados a estos voceros.
Contexto: polémica nacional y control carcelario
El caso ha generado un debate sobre el control del sistema penitenciario en Colombia y los alcances de los procesos de paz con estructuras criminales. La celebración dentro de una cárcel de máxima seguridad evidenció irregularidades que ahora son materia de investigación por parte de organismos de control y autoridades judiciales.
Mientras avanzan las pesquisas, el Gobierno insiste en que mantendrá los diálogos, pero con ajustes y medidas que garanticen el cumplimiento de la ley dentro de los centros de reclusión.
