El Ministerio de Transporte advirtió que podrían imponerse sanciones administrativas por presuntos incumplimientos de las normas de seguridad fluvial en el caso de la muerte de Alexander Avendaño, joven de 22 años que falleció tras caer al embalse El Peñol-Guatapé el pasado 24 de mayo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho ocurrido en una embarcación turística del Oriente antioqueño.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que la protección de la vida debe ser la prioridad en toda actividad de navegación. “Cumplir con los documentos no basta; la protección de la vida debe garantizarse en cada trayecto”, afirmó la funcionaria al referirse a las responsabilidades de los operadores de transporte fluvial.
Según la información verificada por las autoridades, la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, entre ella patente de navegación, certificado de inspección técnica, plan de mantenimiento, pólizas de responsabilidad civil y reportes de elementos de seguridad. Sin embargo, el Ministerio recordó que el cumplimiento documental no reemplaza la obligación de garantizar condiciones seguras durante toda la operación.
Las investigaciones preliminares apuntan a posibles incumplimientos relacionados con el uso obligatorio de chalecos salvavidas y otras condiciones operacionales exigidas por la Ley 1242 de 2008, que regula la navegación y las actividades portuarias fluviales en Colombia. La norma establece que pasajeros y tripulación deben portar permanentemente chaleco salvavidas desde el embarque hasta el final del recorrido. Además, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas durante la navegación, así como el embarque de personas en estado de embriaguez.
De confirmarse las irregularidades, la Superintendencia de Transporte podría iniciar procesos sancionatorios contra los responsables. Las medidas podrían incluir multas económicas e incluso la cancelación de autorizaciones de operación, dependiendo de la gravedad de las infracciones que sean comprobadas durante la investigación.
El caso ha generado preocupación en Guatapé y El Peñol, dos municipios que reciben miles de visitantes cada año atraídos por las actividades náuticas y recreativas que se desarrollan en el embalse, considerado uno de los principales destinos turísticos de Antioquia.
La ministra Rojas hizo un llamado a operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad y recordó que la prevención de accidentes es una responsabilidad compartida. El Ministerio de Transporte anunció que continuará acompañando las investigaciones y promoviendo acciones para fortalecer la cultura de seguridad en la navegación fluvial en todo el país.
