Medellín vivió este 16 de marzo una jornada de alta tensión en el centro administrativo de La Alpujarra, donde una minga indígena bloqueó el acceso a entidades públicas, afectando el funcionamiento institucional y la movilidad en el corazón de la ciudad.
Desde la madrugada, entre 490 y 800 indígenas, movilizados en al menos 12 a 16 buses, se concentraron en el sector e instalaron campamentos, cadenas humanas y puntos de control que impidieron el ingreso de funcionarios y ciudadanos a dependencias como la Alcaldía, la Gobernación, el Concejo, la Asamblea y el Palacio de Justicia.
El impacto fue inmediato: más de 8.000 personas no pudieron realizar trámites programados durante la jornada, mientras que múltiples servicios fueron suspendidos y se ordenó el teletrabajo para funcionarios públicos.
Las autoridades reportaron además la presencia de cerca de 100 menores dentro de la movilización, lo que generó alertas institucionales por posibles riesgos en su bienestar.
La protesta, integrada por comunidades como Embera, Senú y Guna Dule, tiene como objetivo principal exigir diálogo con el Gobierno departamental sobre derechos sociales, territoriales y económicos. Sin embargo, versiones recogidas en el lugar indican que algunos participantes afirmaron desconocer los motivos específicos de la movilización y señalaron que “están cumpliendo órdenes”.
En medio de este escenario, se registraron episodios de confrontación verbal con ciudadanos y usuarios afectados por los bloqueos. Uno de los hechos que más generó polémica fue la aparición de el Concejal de Medellín conocido como “el Gury”, quien, según testigos, llegó con un bate y acusó a los manifestantes de estar incurriendo en el delito de secuestro al impedir la libre movilidad y el acceso a servicios públicos en La Alpujarra.
El señalamiento se da en un contexto de debate jurídico sobre los límites de la protesta social, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios del Estado.
Mientras tanto, la Policía desplegó cerca de 300 uniformados para evitar disturbios y garantizar el orden público, en una jornada que mantuvo en alerta a las autoridades locales.
