El presidente del Congreso anunció que revisará con detenimiento el proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y rechazó cualquier medida que aumente la carga tributaria de los ciudadanos. Sectores del Centro Democrático también expresaron reparos a varios artículos de la iniciativa.
La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a generar resistencia en el Congreso de la República. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, advirtió que no respaldará los artículos que impliquen nuevos impuestos o mayores cargas económicas para los colombianos.
El congresista señaló que el país necesita reducir el gasto público y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, pero consideró que el ajuste de las finanzas públicas no debe trasladarse a los ciudadanos mediante nuevos gravámenes.
El senador también defendió la necesidad de reducir los costos del Estado, especialmente aquellos relacionados con gastos administrativos y estructuras que considera innecesarias.
El Centro Democrático también plantea condiciones
Las diferencias frente a los componentes tributarios de la iniciativa también se hicieron evidentes dentro del Centro Democrático, colectividad a la que pertenece Henríquez.
La representante María Clara Posada manifestó que respaldaría las medidas de austeridad y los incentivos a la inversión, pero anunció su rechazo a las disposiciones que, según su interpretación, aumentarían las obligaciones económicas de los trabajadores y los hogares de clase media.
Entre los puntos cuestionados mencionó el incremento progresivo del aporte de los empleados al sistema de salud, que pasaría del 4 % al 8 %; los cambios en las rentas laborales exentas y la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto de renta.
También expresó reparos frente a la ampliación de los productos y servicios gravados con la tarifa general del IVA del 19 %.
Por su parte, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, reiteró que la colectividad defiende un Estado más pequeño, austero y con menores impuestos. El senador Christian Garcés, aunque respaldó varios componentes de la propuesta relacionados con la reducción del gasto y los incentivos económicos, también señaló la necesidad de estudiar detalladamente su contenido.
¿Qué propone la Ley de Rescate Fiscal?
La iniciativa del Ejecutivo busca enfrentar el deterioro de las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto estatal, reorganización administrativa, estímulos a la inversión y medidas para incrementar los ingresos fiscales.
Entre sus principales propuestas se encuentran:
- Reducir los gastos de nómina estatal y los costos de contratación por prestación de servicios.
- Otorgar facultades al Ejecutivo para suprimir, fusionar o reorganizar entidades públicas, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
- Reducir progresivamente la tarifa del impuesto de renta para las empresas del 35 % al 31 %.
- Modificar disposiciones relacionadas con el IVA, la retención en la fuente y las obligaciones tributarias de determinados contribuyentes.
- Implementar medidas para mejorar la recaudación y estimular la actividad económica.
El Gobierno ha defendido la iniciativa como una herramienta para reducir el déficit fiscal, contener el crecimiento de la deuda y mejorar la eficiencia del aparato estatal.
Un debate que pone a prueba las mayorías del Gobierno
La discusión de la Ley de Rescate Fiscal representa un desafío político para el Ejecutivo, que deberá conseguir respaldo parlamentario para una propuesta que combina medidas de austeridad con cambios tributarios.
Mientras algunos sectores coinciden en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y controlar el gasto público, las disposiciones que podrían incrementar los impuestos se perfilan como uno de los principales obstáculos para conseguir consensos.
El proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026 y deberá surtir su trámite legislativo. Las posiciones expresadas por los congresistas anticipan que el debate no se limitará a respaldar o rechazar la iniciativa en su conjunto, sino que se concentrará en el impacto de cada una de sus disposiciones sobre las empresas, los trabajadores y los hogares colombianos.
