Obert Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que las organizaciones sindicales y sociales están dispuestas a dialogar con el Gobierno, pero advirtió que podrían intensificar las protestas si no hay garantías para los derechos laborales y la movilización ciudadana.
La jornada de movilizaciones del 14 de octubre abrió un nuevo capítulo de tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional. En entrevista con ClickCracia, el poder de la información a un click, Obert Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que las manifestaciones superaron las expectativas de los organizadores y anticipó que, si no se producen acercamientos con el Ejecutivo, noviembre podría estar marcado por una jornada de paro nacional.
Durante la conversación, Dorado afirmó que las movilizaciones tuvieron presencia en Bogotá, Medellín, Pereira, la región Caribe y el suroccidente colombiano. Según su estimación, la convocatoria reunió aproximadamente a 1,5 millones de personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra corresponde al balance presentado por el dirigente sindical y requiere contrastarse con datos oficiales y estimaciones independientes.
El dirigente sostuvo que las protestas expresan inconformidad frente a las políticas gubernamentales relacionadas con los derechos laborales, las garantías sociales, las comunidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes y el campesinado. También cuestionó el manejo institucional de la protesta y reclamó espacios de concertación con los sectores sociales y sindicales.
El decreto sobre la protesta, en el centro de la controversia
Uno de los principales puntos de discusión durante la entrevista fue el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, al que hizo referencia el entrevistado por sus posibles efectos sobre el ejercicio de la protesta social.
Dorado cuestionó que una medida de esta naturaleza se adoptara sin una concertación previa con las organizaciones sindicales y sociales. A su juicio, cualquier modificación de las garantías para la movilización debe respetar la Constitución, el marco legal vigente y la participación de los sectores afectados.
El dirigente también manifestó preocupación por las disposiciones relacionadas con la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. Según su interpretación, determinadas restricciones podrían aumentar el riesgo de confrontaciones entre las autoridades y los participantes.
No obstante, la discusión sobre la legalidad del decreto exige distinguir entre los cuestionamientos políticos y sindicales y una eventual decisión judicial. Para establecer sus efectos jurídicos es necesario examinar el texto oficial, su fundamento normativo y las competencias de las autoridades que podrían revisar su constitucionalidad o legalidad.
En Colombia, el artículo 37 de la Constitución Política reconoce el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Su ejercicio debe armonizarse con los demás derechos fundamentales y con las normas que regulan la convivencia y la actuación de las autoridades. Por ello, cualquier restricción debe analizarse a la luz de la Constitución y de las disposiciones legales aplicables.
