En un análisis de la plataforma ClickCracia, el abogado y especialista en derecho electoral José Vicente Sánchez advirtió este sábado sobre las implicaciones jurídicas que se desprenden de la solicitud del precandidato Daniel Quintero para que los partidos Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica retiren su inscripción sin el consentimiento de la consulta del 26 de octubre.
Sánchez recordó que, según la normativa electoral vigente, un precandidato inscrito en un proceso debe contar con la decisión formal del órgano partidario correspondiente para retirarse o para que se proceda al retiro de su inscripción, lo cual no se evidencia en este caso. Además, señaló que la naturaleza de la consulta —si es partidista o interpartidista— afecta directamente los derechos del aspirante respecto de futuras postulaciones.
Por su parte, Quintero argumentó que nunca autorizó su inclusión en una consulta interpartidista impulsada por los tres partidos mencionados, y denunció que las condiciones del proceso habían cambiado en el último momento, lo que, según él, vulneró garantías fundamentales. Esta versión coincide con las dudas que plantean los expertos sobre la legalidad del mecanismo.
Sánchez precisó que, de persistir la inscripción sin el consentimiento claro del aspirante o sin el respaldo formal del partido, podría configurarse una vulneración del derecho al debido proceso electoral. Añadió que esto abre la puerta a impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que podrían dilatar, o incluso poner en riesgo, la realización de la consulta programada para el 26 de octubre.
Finalmente, el analista advirtió que la situación adquiere una dimensión mayor porque, de confirmarse que el proceso es interpartidista, cualquier ganador estaría impedido de participar en una consulta posterior para elegir candidato único, lo que complica la hoja de ruta política prevista para la coalición de la izquierda.
