La Defensoría del Pueblo documentó reiteradas quejas por deficiencias en la alimentación de internos en centros penitenciarios de Antioquia, incluyendo retrasos en la entrega de raciones, poca cantidad, mala calidad y riesgos para la salud de personas enfermas o con movilidad reducida.
El organismo también advirtió sobre fallos en los servicios de salud: falta de atención médica, ausencia de medicamentos, infraestructura deteriorada e insalubridad que agrava el riesgo sanitario de más de 3.000 detenidos. Las inspecciones en el Centro Penitenciario La Paz, en Itagüí, revelaron hacinamiento extremo con celdas diseñadas para dos personas que llegan a albergar hasta 12, sin servicios sanitarios adecuados.
En El Pesebre, Puerto Triunfo, internos y familiares denunciaron desnutrición, tuberculosis, falta de agua potable, hacinamiento crítico y suministro de alimentos en mal estado. También se han reportado casos de microtráfico, torturas y sobornos con presunta complicidad de funcionarios.
La Corte Constitucional, mediante Auto 1745 de octubre de 2024, ordenó al Ministerio de Justicia implementar una política pública frente al estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, priorizando problemas de infraestructura, salud, alimentación y hacinamiento. Además, el Consejo de Estado declaró en junio de 2025 la responsabilidad solidaria de la Nación por los daños ocurridos en La Paz de Itagüí, decisión que obliga al Ministerio a intervenir de manera inmediata.
El análisis de expertos señala que el Ministerio de Justicia enfrenta el reto de articularse con INPEC, USPEC, entidades de salud, la Defensoría y organismos de control para garantizar medidas efectivas. Los ejes centrales de la intervención deben ser la mejora en alimentación, servicios médicos, saneamiento básico y reducción del hacinamiento. Asimismo, la gestión deberá ser transparente y evaluada periódicamente para recuperar confianza ciudadana y avanzar hacia un restablecimiento de la dignidad humana en el sistema penitenciario.
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