La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado que Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y otros 24 exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mantienen su inmunidad procesal, incluso después de haber concluido sus funciones en la comisión. Esta declaración surge en respuesta a las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía guatemalteca, que los acusa de delitos como asociación ilícita y obstrucción de justicia.
La CICIG fue establecida en 2006 mediante un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, con el objetivo de apoyar al sistema judicial guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de estructuras criminales clandestinas. Durante su funcionamiento hasta 2019, la comisión participó en más de 100 casos de alto perfil relacionados con corrupción y otros delitos, involucrando a funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso y del poder judicial, así como a empresarios del sector privado.
Iván Velásquez, quien lideró la CICIG, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, fueron figuras clave en estas investigaciones. Su labor contribuyó significativamente al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala, aunque también generó tensiones con sectores políticos y económicos afectados por las investigaciones.
El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por las acciones legales emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala contra los exfuncionarios de la CICIG. Recordó que, según el acuerdo de establecimiento de la comisión, el personal internacional goza de privilegios e inmunidades que persisten incluso después de haber dejado sus cargos.
Además, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 respalda la inmunidad de estos funcionarios, protegiéndolos de arresto y de jurisdicción penal y administrativa por actos realizados en el desempeño de su misión.
Las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía guatemalteca han sido interpretadas por diversos analistas y organizaciones internacionales como un intento de criminalizar a quienes han trabajado en la lucha contra la corrupción en el país. La CICIG, durante su existencia, fue reconocida por desmantelar más de 60 estructuras de crimen organizado y llevar a juicio a más de mil personas acusadas de corrupción.
La situación actual plantea preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial guatemalteco y el respeto a los acuerdos internacionales. La ONU ha instado a las autoridades guatemaltecas a respetar las inmunidades acordadas y a garantizar que las acciones legales no se utilicen para perseguir a quienes han contribuido al fortalecimiento del estado de derecho en el país.
