Con un minuto de silencio y banderas a media asta, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia rindieron homenaje a los 17 miembros de la fuerza pública asesinados en las últimas semanas, en medio de una nueva ola de violencia desatada por grupos armados ilegales. Familiares, compañeros y autoridades se unieron en un acto de solidaridad y fortaleza, en reconocimiento al sacrificio de quienes murieron en cumplimiento del deber.
El país enfrenta un escenario crítico en materia de seguridad tras la confirmación del Ministerio de Defensa sobre la existencia de un “plan pistola” liderado principalmente por el Clan del Golfo, en alianza con otros actores armados como el ELN. Según cifras oficiales, al menos 13 policías y 4 militares han sido asesinados en ataques dirigidos, concentrados principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, regiones donde la presencia del Clan del Golfo es significativa.
El último atentado, ocurrido el 26 de abril de 2025 en La Apartada (Córdoba), dejó como víctima fatal al patrullero Christian Juvenal Mora Parra y tres personas heridas. Horas más tarde, en Suárez (Cauca), otro patrullero fue asesinado presuntamente por un francotirador de las disidencias de las FARC. Dos días antes, en Simití (Bolívar), dos patrulleros más fueron asesinados cuando un grupo armado atacó la estación de policía en plena madrugada, utilizando armas largas.
La Policía Nacional informó que los ataques serían una retaliación tras la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, abatido el pasado 5 de abril en Córdoba. Además, investigaciones revelaron que esta organización criminal habría establecido un sistema de pagos para incentivar los atentados: tres millones de pesos por ataque, quince millones si el objetivo era un policía, y hasta veinte millones si se trataba de un oficial de alto rango.
Este método de recompensas recuerda las estrategias utilizadas por el Cartel de Medellín durante los años ochenta, en plena escalada del narcotráfico, cuando se ofrecían pagos similares por cada agente asesinado.
La situación actual ha llevado a la Policía Nacional a ofrecer recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de estos crímenes. La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) desplegó equipos especiales a las zonas afectadas para adelantar las investigaciones correspondientes.
Mientras tanto, el gobierno anunció la conformación de una comisión independiente para evaluar las acciones de seguridad, en un intento por frenar el avance de los ataques y reforzar la protección de la fuerza pública en el territorio nacional.
