Las autoridades buscan prevenir nuevos atentados contra la Fuerza Pública tras recientes ataques atribuidos al Clan del Golfo. El plan de seguridad incluye patrullajes conjuntos, refuerzo del pie de fuerza y vigilancia en zonas críticas.
En respuesta a la reactivación del denominado “Plan Pistola”, un esquema violento de represalias contra miembros de la Fuerza Pública, 18 municipios de Antioquia implementaron desde esta semana medidas restrictivas como toque de queda nocturno y prohibición del parrillero hombre en motocicleta, con el objetivo de prevenir ataques armados y proteger a la ciudadanía.
Las medidas fueron decretadas por las alcaldías locales en coordinación con la Gobernación de Antioquia, la Policía y el Ejército Nacional. Entre los municipios con mayores restricciones se encuentran Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Nechí y Yarumal, zonas históricamente afectadas por la presencia del Clan del Golfo, grupo al que las autoridades atribuyen los recientes atentados.
El toque de queda rige, en la mayoría de los casos, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., mientras que la prohibición del parrillero hombre aplica las 24 horas. La decisión fue adoptada tras la ocurrencia de varios hechos violentos en el Bajo Cauca y el norte antioqueño, entre ellos el asesinato de tres policías en menos de una semana.
El “Plan Pistola” es una estrategia de retaliación armada promovida por estructuras criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que históricamente han utilizado este tipo de ataques como mecanismo de presión y demostración de fuerza frente a operativos del Estado. Su antecedente más recordado data de 2012 y 2022, cuando se registraron decenas de asesinatos selectivos de policías y militares en varias regiones del país.
Según la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 22 ataques directos contra uniformados, dejando un saldo de 17 policías muertos y más de 30 heridos, cifras que superan las de años anteriores en el mismo periodo. En Antioquia, el departamento más golpeado por esta ofensiva, se han desplegado 1.200 nuevos efectivos para reforzar la seguridad en zonas críticas.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que “las decisiones adoptadas buscan anticiparse a la violencia y salvar vidas. No permitiremos que estructuras ilegales intimiden a nuestras comunidades ni atenten contra quienes nos protegen”.
Los gremios del transporte y el comercio han manifestado preocupación por los efectos económicos de las medidas, especialmente en municipios donde la motocicleta es el principal medio de transporte. Sin embargo, apoyan las decisiones mientras se restablece el orden público.
La Gobernación y las Fuerzas Militares continúan con operaciones ofensivas en áreas rurales donde se presume que se ocultan los responsables de los ataques. Además, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a cabecillas implicados en el “Plan Pistola”.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier amenaza o movimiento sospechoso a través de las líneas 123 y 165 del Gaula, mientras se mantiene un estado de alerta máxima en varias subregiones del departamento.
